En Estados Unidos, diferentes estados han extendido la posibilidad de que estudiantes no ciudadanos accedan a tarifas de matrícula universitaria local, conocidas como in-state tuition, con el fin de facilitar su acceso a la educación superior. Aunque estos programas existen desde hace más de 20 años, en los últimos meses han sido cuestionados por autoridades federales, lo que genera incertidumbre respecto a su continuidad.
1. Más de dos décadas de historia y alcance relevante
La primera ley estatal que amplió estas matrículas a estudiantes no ciudadanos fue promulgada en 2001, impulsada por legisladores de ambos partidos. A ella siguieron California, Utah y varios estados más. Hoy, aproximadamente 23 estados y Washington D.C. mantienen leyes que permiten esta matrícula local. Cuatro estados adicionales aplican la política solo en ciertas universidades públicas, y otros cinco la ofrecen únicamente a quienes participan en programas específicos como DACA.
Estas disposiciones surgieron con el objetivo principal de apoyar a jóvenes que, aunque carecen de estatus migratorio formal, han vivido y estudiado en sus respectivos estados, reconociendo su vínculo y contribución a la comunidad.
2. Requisitos para optar por matrícula local
Para calificar, los estudiantes deben cumplir con criterios ligados a residencia y educación local. En general, se exige haber asistido al menos tres años a una escuela secundaria del estado y, en algunos casos, tener un compromiso de aplicar a una regularización migratoria cuando sea posible. En Utah, por ejemplo, también se requiere haber vivido en el estado durante dos años bajo el cuidado de un tutor legal.
Estas medidas reflejan el principio de que los estudiantes que han crecido y contribuido localmente merecen las mismas oportunidades que quienes tienen ciudadanía.
3. Políticas con respaldo bipartidista
Aunque hoy el tema puede generar controversia, estas leyes surgieron en contextos políticos diversos. En Texas, California y Oklahoma, iniciativas similares fueron promovidas tanto por gobernadores y legisladores republicanos como demócratas, quienes vieron en ellas una oportunidad para incentivar el talento local y potenciar la economía estatal.
Este respaldo bipartidista evidenció desde sus inicios que no se trataba de una postura ideológica, sino de una política pública con impacto social y económico real.
4. Presiones y debates recientes
En los últimos meses se han presentado acciones legales federales contra estas iniciativas estatales, lo que ha aumentado la incertidumbre en varias jurisdicciones. Por ejemplo, Texas eliminó su política poco después de un anuncio de demanda, mientras Kentucky enfrenta un proceso similar.
A pesar de ello, muchos defensores insisten en que estas políticas no excluyen a ciudadanos foráneos sino que buscan asegurar equidad para quienes han vivido y estudiado localmente. Las leyes están diseñadas para aplicar por igual, ya sean ciudadanos o no, siempre que cumplan requisitos de residencia y escolaridad.
Un sistema basado en la comunidad y la igualdad de oportunidades
Para quienes defienden estas políticas, otorgar matrícula local a estudiantes no ciudadanos no solo responde a criterios de justicia, sino que también impulsa la formación de capital humano y la movilidad social. Estudios demuestran que un graduado universitario genera un impacto fiscal significativo a lo largo de su vida, tanto en impuestos como en empleabilidad y aporte económico.
Sin embargo, el futuro de estas políticas depende del diálogo entre gobiernos estatales y federales, así como del respaldo institucional de universidades y organizaciones civiles, que buscan evitar retrocesos y proteger el derecho a la educación.
Perspectivas futuras y recomendaciones
- Monitoreo continuo. La evolución legal de estos programas se encuentra en una etapa crítica.
- Apoyo institucional. Universidades y centros educativos desempeñan un rol clave al ofrecer orientación a estudiantes potenciales.
- Evaluación permanente. Documentar el impacto socioeconómico de estas políticas puede fortalecer su legitimidad y respaldo.
La matrícula local para no ciudadanos representa una puerta hacia la inclusión en la educación superior. Su futuro dependerá de la capacidad para equilibrar criterios legales, económicos y de equidad social, y de la voluntad de los diferentes actores por mantener políticas incluyentes y sostenibles.
Fuente: Inside Higher ED
