El inicio del otoño en Estados Unidos trae consigo un nuevo capítulo en la política sanitaria frente al COVID-19. Las vacunas actualizadas de Pfizer, Moderna y Novavax ya han sido aprobadas por la FDA, pero a diferencia de años anteriores no estarán disponibles para toda la población. El organismo federal restringió su uso a dos grupos: personas mayores de 65 años y adultos de cualquier edad con condiciones médicas subyacentes que aumenten el riesgo de complicaciones graves.
Esta decisión generó sorpresa y malestar en algunos sectores. Durante los últimos dos años, la recomendación había sido más amplia, lo que permitía a cualquier adulto recibir refuerzos estacionales. Ahora, el criterio más restrictivo busca concentrar recursos en quienes tienen mayor probabilidad de hospitalización, pero también abre el debate sobre si deja desprotegidos a otros sectores de la población.
Farmacias, seguros y la brecha en el acceso
Las cadenas de farmacias como CVS y Walgreens ya comenzaron a ofrecer citas de vacunación. En la mayoría de los casos, el seguro médico cubre el costo de la vacuna para quienes cumplen con los criterios federales. Sin embargo, los problemas aparecen cuando una persona más joven, sin condiciones médicas documentadas, intenta acceder a la dosis.
Algunas farmacias exigen receta médica en esos casos, mientras que otras rechazan directamente a los solicitantes. Esto crea una situación desigual: quienes tienen acceso rápido a un médico pueden obtener la prescripción, pero quienes no cuentan con seguro o dependen de clínicas públicas enfrentan mayores barreras.
El tema también tiene un ángulo económico. Para muchas familias, pagar de su bolsillo una consulta médica adicional representa un gasto que simplemente no pueden afrontar. En consecuencia, la disponibilidad real de la vacuna varía según el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica.
Estados en resistencia
Varios estados han decidido tomar medidas para ampliar el acceso. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que permite a farmacéuticos administrar vacunas sin receta médica durante al menos 30 días, argumentando que el gobierno federal está poniendo en riesgo la salud pública.
Otros estados como California y Colorado evalúan políticas similares. La estrategia apunta a garantizar que quienes deseen vacunarse puedan hacerlo sin obstáculos adicionales, aunque en algunos casos persisten problemas de suministro y logística.
Estas tensiones reflejan la creciente polarización en torno a la gestión de la pandemia. Mientras el gobierno federal apuesta por la focalización, varios gobiernos locales consideran que el acceso debe seguir siendo universal.
La recomendación pendiente de los CDC
El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC todavía debe pronunciarse sobre el alcance de las recomendaciones para esta temporada. Su decisión podría flexibilizar los criterios, aunque la tendencia apunta a mantener el enfoque en los grupos vulnerables.
La falta de una guía definitiva genera incertidumbre. Muchas personas jóvenes que desean vacunarse se encuentran en un limbo: no saben si tendrán acceso en las próximas semanas o si deberán esperar una futura actualización de la política federal.
Coincidencia con la campaña de vacunación contra la gripe
Los expertos en salud pública insisten en la importancia de combinar la campaña de vacunación contra el COVID con la de la gripe estacional. Recibir ambas vacunas en octubre o noviembre, antes del pico de casos invernales, es considerado por los especialistas la estrategia más efectiva para reducir hospitalizaciones y aliviar la presión sobre los sistemas de salud.
En la práctica, sin embargo, esta recomendación solo será plenamente posible para quienes tienen acceso garantizado a la vacuna COVID. Para el resto, la protección contra la gripe sigue siendo fundamental, pero deja abierta la pregunta sobre cómo enfrentar un eventual repunte de contagios de coronavirus.
Mirando hacia adelante
El otoño de 2025 marca una transición en la política de vacunación contra el COVID-19. Después de años de acceso masivo, el enfoque ahora es más selectivo, privilegiando a los adultos mayores y a quienes enfrentan mayor riesgo médico.
La medida puede tener sentido desde un punto de vista epidemiológico y financiero, pero también corre el riesgo de profundizar desigualdades y dejar a sectores de la población en una zona gris de vulnerabilidad.
Mientras tanto, expertos y autoridades locales coinciden en un punto clave: la pandemia no ha terminado. La vigilancia sigue siendo necesaria y la vacunación, aunque limitada, continúa siendo la herramienta más efectiva para proteger a la sociedad frente a nuevas olas de contagio.
Fuente: PBS News
