América Latina atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de justicia penal. Según el informe Global Prison Trends 2024 del Instituto Internacional de Investigación en Política Penal (ICPR), la región presenta algunas de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con cifras alarmantes de hacinamiento y procesos judiciales prolongados que comprometen los derechos fundamentales de millones de personas.
De acuerdo con un estudio reciente de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil), cerca del 40% de los reclusos en América Latina están en prisión preventiva sin sentencia firme, lo que representa una grave violación al principio de presunción de inocencia. El informe destaca que países como Bolivia, Paraguay, Honduras y República Dominicana muestran los indicadores más preocupantes, superando ampliamente los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas.
Asimismo, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con sede en Santiago de Chile, advierte que las reformas judiciales emprendidas en la región durante las últimas dos décadas han sido insuficientes para garantizar sistemas penales transparentes, eficaces y respetuosos de los derechos humanos. Uno de los principales obstáculos señalados por CEJA es la débil formación técnica de los operadores de justicia y la falta de coordinación entre policía, fiscalías, poder judicial y sistema penitenciario.
En palabras de la doctora Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala y actual investigadora en el Washington College of Law (EE.UU.): “La justicia penal en América Latina está atrapada en una lógica punitivista y reactiva. Se necesita un nuevo enfoque basado en la prevención, la reparación y el acceso real a la justicia. Para ello, es clave formar profesionales con una mirada integral y con capacidades analíticas, éticas y técnicas”.
En efecto, el problema no se limita únicamente al hacinamiento carcelario o la lentitud judicial. También hay una profunda crisis de legitimidad. Según el Latinobarómetro 2023, solo el 23% de los ciudadanos en América Latina confía en el sistema de justicia de su país. La percepción de impunidad, corrupción y arbitrariedad mina la confianza social y socava la democracia.
Frente a este panorama, universidades y centros de formación de todo el mundo están promoviendo programas académicos orientados a renovar el perfil de los expertos en justicia penal. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, ha impulsado nuevos diplomados sobre justicia restaurativa y procesos orales penales. En Argentina, el Instituto Universitario de la Policía Federal ha reformulado su malla curricular para incorporar estudios sobre criminología contemporánea y derechos humanos.
Del mismo modo, universidades internacionales como el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York están ofreciendo programas de posgrado interdisciplinarios que combinan derecho penal, psicología forense, investigación criminal y análisis de datos. La tendencia es clara: formar profesionales que no solo comprendan la ley, sino que sepan aplicarla en contextos complejos, con sensibilidad social y rigor técnico.
En ese marco, el Máster en Criminalística de Blackwell Global University representa una alternativa formativa alineada con los nuevos estándares internacionales. Aunque su nombre remite a la investigación forense, su plan de estudios abarca temas fundamentales de justicia penal como teoría del delito, derechos de las víctimas, sistemas penitenciarios comparados, ética profesional y criminalidad organizada. Esta perspectiva integral permite a los graduados comprender y enfrentar los desafíos actuales con herramientas interdisciplinarias.
En un contexto global donde la justicia penal atraviesa cuestionamientos profundos, la respuesta no puede limitarse a reformas institucionales. Se requiere una transformación cultural impulsada desde las aulas, donde se cultiven nuevas generaciones de juristas, analistas forenses, criminólogos y defensores de derechos humanos con vocación de servicio y capacidad crítica.
La crisis también es una oportunidad: repensar la justicia penal desde la educación y la investigación podría ser el primer paso hacia una justicia verdaderamente accesible, eficiente y equitativa para todos.
